La controversia marca nuevamente una de las decisiones del gobierno federal, pues como ya se hiciera alguna vez en el pasado, un servicio público intenta ser regulado.
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. Pero ¿qué implica este programa? Sus presuntas buenas intenciones dicen que busca reducir los delitos que se cometen por medio de los teléfonos móviles, entre ellos la extorsión, y que han registrado un alarmante aumento en los últimos años.
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. El principal “pero” al registro es: “¡cómo le vamos a dar nuestros datos al gobierno!”, aquí es necesario destacar la ingenuidad del reclamo, pues para muchos es bien sabido que no sólo el gobierno, sino muchas personas e instituciones, saben más de lo que nosotros mismos sabemos. Si no entonces cómo nos explicamos las llamadas por teléfono, la correspondencia, los correos electrónicos y otros medios que se dirigen a nosotros, de suerte, la mayoría con fines publicitarios y que incluyen nuestro nombre y, en ocasiones, más datos.
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. En fin, el caso es que desde el principio se dejaron ver una serie de irregularidades que ahora evidencian lo improvisado de este proyecto que se extrajo del punto VII del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que se instauró el 25 de agosto de 2008.
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. Un año sería el plazo y como todo plazo se cumple, este también, el pasado diez de abril sería el límite para realizar el registro ya fuera vía celular o por medio de la página de internet. En primera instancia, no fue sino hasta que el plazo estaba a punto de cumplirse que la publicidad sobre la medida se hizo presente, lo que estuvo acompañado de la superficialidad con que era vista por la población, pues hasta a penas los últimos días se realizaron la mayoría de los registros.
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. Fue entonces que llegó un aire de seriedad en este proyecto por la seguridad de los ciudadanos, pues las autoridades se mantenían firmes: toda línea que no se registrara sería cancelada sin opción a reactivarla. Las noticias corrían a diario, que si las compañías telefónicas buscaban ampararse, que si los diputados sí apoyaban una prórroga, los senadores respondían que no e, incluso, la rebeldía de Telefónica Movistar al anunciar sin más ni más a sus usuarios que no acataría la ley.
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. Pero el “estate quieto” por parte de las autoridades no se hizo esperar, el domingo a primera hora se comenzarían a realizar inspecciones para verificar que las líneas no registradas fueran canceladas. Acto seguido, la página de internet y la red de las empresas de comunicación estaban totalmente saturadas, más de ocho millones de solicitudes de registro estaban estancadas, el pánico surgió.
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. Pero entonces no sólo vendría el “brazo a torcer” de las autoridades, sino la puesta en evidencia de ciertas inconsistencias: la primera era que aunque las líneas fueran canceladas, siempre sí habría la posibilidad de reactivarlas, lo que sin duda regresó la tranquilidad y hasta la conchudez en la población.
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. Por su parte, en entrevista televisiva el lunes posterior al límite del registro en el programa Alebrijes. Aguila o Sol, Héctor Osuna, presidente de Cofetel, confirmaba que la posibilidad de registro seguía abierta, aunque nunca aceptó que se tratara de una prórroga, sólo se limitó a decir que se debía a los conflictos con el sistema y que la idea de cancelar las líneas incumplidas se llevaría a cabo de inmediato.
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. Asimismo, ante el total desinterés de 27 millones de usuarios de telefonía que no hicieron el más mínimo esfuerzo por registrar sus líneas y al lógico surgimiento de las dudas en cuanto a sanciones, el mismo personaje no supo qué responder a ello en el noticiero con Loret de Mola.
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. Ahí quedó en evidencia que a pesar de que se promulgó la ley que incluye este procedimiento de registro telefónico, nunca, en contra de la misma ley, se publicó su respectivo reglamento, lo cual de inmediato echa abajo toda expectativa del programa, pues entonces las palabras de la ley quedan en el aire, sin reglamentación que se pueda ejecutar.
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. Otros cuestionamientos como el de qué pasará con los registros con datos falsos y otros no tienen respuesta. Mientras tanto hoy jueves ya se dio a conocer que Telcel consiguió un amparo otorgado por un juez federal para evitar cancelar líneas, lo que sin duda significaría grandes pérdidas económicas; además de que en muchos puntos de la ciudad ya se ofrecen “chips sin compromiso”, es decir, tarjetas de almacenamiento que ya fueron registradas de alguna manera, ¿cuál?, no se sabe, pero de alguna que probablemente no colaborará con el objetivo de este programa.
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. No hay que dejar de recordar el Registro Nacional de Vehiculos (Renave), el cual en menos de dos años evidenció su inutilidad, igualmente su falta de planeación y toda una serie de conflictos que incluyeron el asesinato de un funcionario, un ganador la concesión delincuente y la ilegalidad de la licitación, en resumen, como Proceso lo definió en su momento: “fue un lucro desmedido en la prestación de un servicio público”.
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. Seguro que este tema dará todavía mucho de qué hablar y, de quererse cumplir los objetivos previstos, habrá mucho que hacer para cubrir la infinidad de lagunas que existen.
. Pero ¿qué implica este programa? Sus presuntas buenas intenciones dicen que busca reducir los delitos que se cometen por medio de los teléfonos móviles, entre ellos la extorsión, y que han registrado un alarmante aumento en los últimos años.
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. El principal “pero” al registro es: “¡cómo le vamos a dar nuestros datos al gobierno!”, aquí es necesario destacar la ingenuidad del reclamo, pues para muchos es bien sabido que no sólo el gobierno, sino muchas personas e instituciones, saben más de lo que nosotros mismos sabemos. Si no entonces cómo nos explicamos las llamadas por teléfono, la correspondencia, los correos electrónicos y otros medios que se dirigen a nosotros, de suerte, la mayoría con fines publicitarios y que incluyen nuestro nombre y, en ocasiones, más datos.
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. En fin, el caso es que desde el principio se dejaron ver una serie de irregularidades que ahora evidencian lo improvisado de este proyecto que se extrajo del punto VII del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que se instauró el 25 de agosto de 2008.
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. Un año sería el plazo y como todo plazo se cumple, este también, el pasado diez de abril sería el límite para realizar el registro ya fuera vía celular o por medio de la página de internet. En primera instancia, no fue sino hasta que el plazo estaba a punto de cumplirse que la publicidad sobre la medida se hizo presente, lo que estuvo acompañado de la superficialidad con que era vista por la población, pues hasta a penas los últimos días se realizaron la mayoría de los registros.
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. Fue entonces que llegó un aire de seriedad en este proyecto por la seguridad de los ciudadanos, pues las autoridades se mantenían firmes: toda línea que no se registrara sería cancelada sin opción a reactivarla. Las noticias corrían a diario, que si las compañías telefónicas buscaban ampararse, que si los diputados sí apoyaban una prórroga, los senadores respondían que no e, incluso, la rebeldía de Telefónica Movistar al anunciar sin más ni más a sus usuarios que no acataría la ley.
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. Pero el “estate quieto” por parte de las autoridades no se hizo esperar, el domingo a primera hora se comenzarían a realizar inspecciones para verificar que las líneas no registradas fueran canceladas. Acto seguido, la página de internet y la red de las empresas de comunicación estaban totalmente saturadas, más de ocho millones de solicitudes de registro estaban estancadas, el pánico surgió.
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. Pero entonces no sólo vendría el “brazo a torcer” de las autoridades, sino la puesta en evidencia de ciertas inconsistencias: la primera era que aunque las líneas fueran canceladas, siempre sí habría la posibilidad de reactivarlas, lo que sin duda regresó la tranquilidad y hasta la conchudez en la población.
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. Por su parte, en entrevista televisiva el lunes posterior al límite del registro en el programa Alebrijes. Aguila o Sol, Héctor Osuna, presidente de Cofetel, confirmaba que la posibilidad de registro seguía abierta, aunque nunca aceptó que se tratara de una prórroga, sólo se limitó a decir que se debía a los conflictos con el sistema y que la idea de cancelar las líneas incumplidas se llevaría a cabo de inmediato.
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. Asimismo, ante el total desinterés de 27 millones de usuarios de telefonía que no hicieron el más mínimo esfuerzo por registrar sus líneas y al lógico surgimiento de las dudas en cuanto a sanciones, el mismo personaje no supo qué responder a ello en el noticiero con Loret de Mola.
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. Ahí quedó en evidencia que a pesar de que se promulgó la ley que incluye este procedimiento de registro telefónico, nunca, en contra de la misma ley, se publicó su respectivo reglamento, lo cual de inmediato echa abajo toda expectativa del programa, pues entonces las palabras de la ley quedan en el aire, sin reglamentación que se pueda ejecutar.
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. Otros cuestionamientos como el de qué pasará con los registros con datos falsos y otros no tienen respuesta. Mientras tanto hoy jueves ya se dio a conocer que Telcel consiguió un amparo otorgado por un juez federal para evitar cancelar líneas, lo que sin duda significaría grandes pérdidas económicas; además de que en muchos puntos de la ciudad ya se ofrecen “chips sin compromiso”, es decir, tarjetas de almacenamiento que ya fueron registradas de alguna manera, ¿cuál?, no se sabe, pero de alguna que probablemente no colaborará con el objetivo de este programa.
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. No hay que dejar de recordar el Registro Nacional de Vehiculos (Renave), el cual en menos de dos años evidenció su inutilidad, igualmente su falta de planeación y toda una serie de conflictos que incluyeron el asesinato de un funcionario, un ganador la concesión delincuente y la ilegalidad de la licitación, en resumen, como Proceso lo definió en su momento: “fue un lucro desmedido en la prestación de un servicio público”.
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. Seguro que este tema dará todavía mucho de qué hablar y, de quererse cumplir los objetivos previstos, habrá mucho que hacer para cubrir la infinidad de lagunas que existen.
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